Las comunidades socialistas de Andalucía, País Vasco y Asturias,
junto con Cataluña y Canarias, mantendrán la atención a los inmigrantes
indocumentados. Las otras nueve, gobernadas por el PP, seguirán al pie
de la letra el decreto y atenderán a los inmigrantes, pero les cobrará:
Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Baleares, Cantabria y La Rioja.
El Ministerio de Sanidad anulará este sábado la tarjeta sanitaria de
los inmigrantes en situación irregular y de todas aquellos extranjeros
que no cotizan a la Seguridad Social por considerar que no pueden ser
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud (SNS). También perderán su
condición de asegurados los españoles que nunca han trabajado y que
tengan ingresos superiores a 100.000 euros al año, los denominados
“rentistas”.
Solo tendrán asistencia de urgencia por accidente o enfermedad grave y
en el embarazo, parto y postparto, a excepción de los menores de 18
añosEl departamento que dirige Ana Mato quiere ahorrar así unos 1.500
millones al año. Esto significa que los extranjeros “no registrados ni
autorizados como residentes en España” solo tendrán asistencia sanitaria
de urgencia por accidente o enfermedad grave y en el embarazo, parto y
postparto, a excepción de los menores de 18 años. Sanidad también se ha
comprometido a no dejar sin tratamiento a los enfermos de este colectivo
crónicos o graves.
Para el resto, las autoridades sanitarias estudian ofrecerles una
póliza si quieren cobertura sanitaria completa, de unos 710,40 euros
anuales —59,20 al mes— o de 1.864,8 para los mayores de 65 —155,40
mensuales—.
Ocho comunidades autónomas (dos de ellas del PP, Galicia y Castilla y
León) han anunciado que seguirán prestando la misma atención a estas
personas. Las comunidades socialistas de Andalucía, País Vasco y
Asturias, junto con Cataluña y Canarias, mantendrán la atención a los
inmigrantes indocumentados. Las otras nueve, gobernadas por el PP,
seguirán al pie de la letra el decreto y atenderán a los inmigrantes,
pero les cobrará: Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Baleares, Cantabria y La Rioja.
Esta es la casuísitica en cada comunidad autónoma sobre la atención a inmigrantes sin papeles a partir del 1 de septiembre.
Comunidades ‘alineadas’
Aragón (PP):
Aragón cumplirá “escrupulosamente” lo que marca la ley en materia
sanitaria, ha dicho el consejero de Presidencia de la DGA, Roberto
Bermúdez de Castro, quien ha asegurado que todo español tendrá derecho a
asistencia sanitaria. Cualquier ciudadano que tenga una urgencia
hospitalaria será tratado.
Baleares (PP):
Se aplicará la normativa estatal que deja sin tarjeta sanitaria a los
extranjeros en situación irregular, que en el caso de las islas pueden
ser entre 15.000 y 20.000 personas. Las dos diferencias serán que a los
enfermos con patologías de declaración obligatoria (como las
infecciosas) y enfermos mentales se les dará el medicamento desde el
Ib-Salut y no les va a costar nada la medicación; la segunda es la
creación de una comisión de estudio con miembros de Ib-Salut y de Salud
Pública para estudiar casos particulares y de patologías determinadas.
Cantabria (PP):
Otra de las comunidades afines al texto original del Gobierno. Según
la consejera de Sanidad de la región, María José Sáenz de Buruaga,
Cantabria se aferrará a la reforma y a que los “sin papeles” podrán ser
atendidos “fuera del sistema sanitario público”. Sólo se contemplan los
mismos casos excepcionales —urgencias por enfermedad o accidente,
atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18
años— para la asistencia gratuita.
Castilla-La Mancha (PP):
Es otra de las nueve comunidades que se alineará completamente con el
decreto del Gobierno central. El portavoz del Gobierno de Castilla-La
Mancha, Leandro Esteban, ha insistido en que la atención sanitaria
básica y esencial “a cualquier persona” en el ámbito de la comunidad
autónoma está “perfectamente garantizada”, aunque los inmigrantes
irregulares tendrán que pagarla de acuerdo con los supuestos
establecidos por el ministerio de Sanidad.
Comunidad Valenciana (PP):
Los inmigrantes irregulares que queden ahora sin derecho a tarjeta
sanitaria continuarán siendo atendidos como el resto, si bien esta
prestación les será ahora facturada. El coste se le cargará a su seguro
(en el caso de que lo posea), a su país de origen (si existe convenio
bilateral) o al propio paciente, pero en ningún caso los médicos y las
enfermeras deberán dejar de atenderlos. Si los pacientes no tienen
recursos para hacer frente a la factura podrán recurrir a las ayudas de
la Conselleria de Bienestar Social, de los ayuntamientos y de las ONG.
Unas 30.000 personas que habían accedido a la tarjeta sanitaria por
empadronamiento tendrán que demostrar ahora una situación no irregular
para poder acceder a la misma.
Extremadura (PP):
Se alinea con el decreto estatal. Los ciudadanos irregulares que
están establecidos en España tendrán acceso a la sanidad en los casos
descritos por el Ministerio. “Se intentará cobrar a todos aquellos que
tengan la obligación de pagar, igual que pagan todos los ciudadanos, y
los que no puedan pagar, se les facturará y se les intentará cobrar a
sus países de origen mediante convenios bilaterales”, ha puntualizado el
consejero Luis Alfonso Hernández Carrón. Los ciudadanos en situación
irregular en Extremadura son 1.250 personas.
La Rioja (PP):
El Sistema Público de Salud de La Rioja prestará asistencia sanitaria
a todos los extranjeros irregulares que lo pidan y, posteriormente,
emitirá la correspondiente factura para cobrarles esa prestación, con
excepción de menores, mujeres embarazadas y en casos urgentes. A partir
del 1 de septiembre, y en sintonía con el decreto estatal, todas
aquellas personas que no se encuentren en alguno de esos grupos perderán
su condición de asegurado o beneficiario y no tendrán tarjeta sanitaria
ni derecho a una asistencia gratuita.
Madrid (PP):
Los inmigrantes en situación irregular recibirán atención sanitaria
gratuita en urgencias, mujeres embarazadas y que den a luz, menores de
18 años y enfermos crónicos tratados anteriormente (no a los que ahora
vengan nuevos), mientras que los demás deberán suscribir un convenio y
pagar una cuota mensual si quieren tener cobertura sanitaria completa. A
los sin papeles se les retirará la tarjeta sanitaria. Quedan fuera de
la asistencia gratuita los inmigrantes irregulares que tras recibir el
alta en urgencias, precisen de un seguimiento médico posterior así como
las recetas que se les prescriban. Se garantiza la asistencia a los
solicitantes de protección internacional cuya permanencia en España haya
sido autorizada por ese motivo, y las víctimas de trata de seres
humanos.
Murcia (PP):
El Servicio Murciano de Salud (SMS) atenderá sólo en urgencias a los
11.000 inmigrantes irregulares con tarjeta sanitaria que residen en esa
región, en tanto que mantendrá la prestación completa a extranjeros en
situación irregular que sean menores de edad (unos 6.000), embarazadas y
enfermos crónicos. Murcia atiende a 1.378.000 personas con Tarjeta
Sanitaria Individual, y de ellos 177.359 son inmigrantes, la mayoría de
éstos, 155.234, tienen permiso de residencia, por lo que tienen
asistencia sanitaria completa garantizada, y 20.165 disponen de Tarjeta
Sanitaria Individual aunque son irregulares. Los 11.000 que no tienen
diagnosticado ningún problema serán atendidos solo en Urgencias. Para
acceder al aseguramiento completo con Tarjeta Sanitaria Individual es
“imprescindible” el permiso de residencia en España aunque también se
puede efectuar el pago de la cuota anual de 710 euros.
Comunidades ‘no alineadas’ o con particularidades
Andalucía (PSOE):
El sistema sanitario andaluz seguirá atendiendo a los inmigrantes
indocumentados como hasta ahora. Se mantendrá la protección universal de
todos los ciudadanos tengan el origen que tengan. En Andalucía son unas
46.000 personas las que disponen de un “Documento asistencial temporal”
que los identifica dentro del sistema de salud para poder efectuar un
seguimiento de su historial y su paso por los distintos centros
sanitarios.
Asturias (PSOE):
Se garantiza que ningún inmigrante se quedará sin cobertura y prevé
un conflicto competencial con el Estado, aunque tampoco ha aclarado cómo
hará esa asistencia, ya que poder darles tarjeta sanitaria, o no, va a
depender de las órdenes ministeriales.
Canarias (CC):
El viceconsejero portavoz, Martín Marrero, ha dicho que su Gobierno
“será respetuoso con la legalidad” al aplicar la nueva regulación de la
asistencia sanitaria, pero que “no dejará de atender a nadie que lo
necesite”. Marrero ha asegurado que, en Canarias, la sanidad pública “no
dejará de atender a nadie que lo necesite”, no solo por un “principio
de humanidad”, sino también por los criterios éticos a los que están
sujetos los profesionales médicos.
Castilla y León (PP):
El servicio de salud de Castilla y León (Sacyl) atenderá en sus
instalaciones a todos los inmigrantes que necesiten asistencia y, aunque
intentará cobrar este servicio a quienes carezcan de tarjeta sanitaria,
meterá en un cajón de “impagados” aquellos casos en los que no tengan
recursos. El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha
explicado que cumplirán la normativa fijada por el Ministerio, aunque ha
señalado que atenderán “a todos los ciudadanos, tengan tarjeta o no,
que acudan a la atención primaria”.
Cataluña (CiU):
La Generalitat mantendrá la misma atención sanitaria que hasta ahora a
las 600.000 personas que en Cataluña perderán su condición de asegurado
a partir del 1 de septiembre, mientras que les dará un plazo de seis
meses para regularizar su situación. Entre las 420.000 personas con
nacionalidad española que tienen tarjeta sanitaria pero pierden la
condición de asegurados, la regularización de su situación se hará de
forma prácticamente automática cuando pasen por el centro de atención
primaria (CAP). Una vez pongan al día sus datos de residencia recibirán
un documento similar a la tarjeta sanitaria que les dará la misma
cobertura integral del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), siempre
que no mantengan un nivel de renta superior a 100.000 euros. Por su
parte, los sin papeles que tengan tarjeta deberán acreditar que hace más
de tres meses que están empadronados y, en este caso, se les
proporcionará un documento con el que tendrán acceso garantizado a la
primaria. A partir del segundo año de residencia acreditada, los
inmigrantes podrán acceder a la atención especializada hospitalaria no
urgente una vez se hayan realizado las pertinentes comprobaciones para
descartar que no se trate de un caso de turismo sanitario. Los recién
llegados que lleven menos de tres meses empadronados en Cataluña tendrán
derecho únicamente a lo que establece el decreto del Gobierno:
urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y
postparto y asistencia a menores de 18 años. Por último, los ciudadanos
que en estos momentos están sometidos a un tratamiento lo podrán
terminar aunque pierdan su condición de asegurados de la Seguridad
Social a partir del 1 de septiembre.
Galicia (PP):
El Gobierno gallego mantendrá el acceso al sistema público de salud a
aquellos ciudadanos residentes en Galicia sin recursos, en situación
irregular o que perdieron el permiso de residencia al quedar en el paro.
Galicia continuará prestando asistencia sanitaria ordinaria a los
inmigrantes sin papeles, que acrediten que carecen de recursos —a doble
nivel, en España y en su país de origen— y que estén empadronados antes
del 1 de septiembre, lo que beneficiará a 9.000 personas. Los
inmigrantes irregulares sin recursos tendrán una moratoria de seis meses
a partir de este sábado, y desde el primer contacto con su centro
sanitario, para empadronarse, regularizar su situación, y poder recibir
asistencia ordinaria y gratuita. Este plan, llamado de Protección Social
de Saúde Pública se ofrecerá a quienes no puedan acceder a la condición
de aseguradas o beneficiarias, ni suscribir un convenio especial y, por
tanto, carecen del derecho a las prestaciones del sistema público de
salud. Si no se regularizan, se les cobrará. Sergas continuará con el
programa de facturación según el cual se cobra por la asistencia y las
prestaciones a personas no cubiertas. Si la persona es titular de
derecho y lo demuestra, se anula la factura.
Navarra (UPN):
El Gobierno de Navarra va a habilitar una línea de ayudas para cubrir
la asistencia sanitaria de quienes acrediten no poder pagarla, por lo
que desembolsarán al servicio de salud 1,68 millones de euros anuales,
lo que compensará, según sus cálculos, el pago por atender a los 2.150
inmigrantes irregulares.
País Vasco (PSOE):
El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, asegura que el Gobierno vasco
va a, “simplemente, desobedecer” los recortes en Sanidad de Rajoy, por
lo que en Euskadi los inmigrantes “van a seguir siendo atendidos como
debe ser”. Bengoa ha criticado que el Ministerio de Sanidad vaya a
buscar soluciones en “distintos grupitos”, en este caso los inmigrantes,
ya que “no es este sector de la sociedad el que crea un problema de
insostenibilidad en el sistema”, sino que “es un tema muchísimo más
estructural y profundo”.
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