Los funcionarios se han convertido en uno de los eslabones más
débiles de la cadena de la que tira el Gobierno para tratar de salir de
la crisis financiera. El colectivo acumula recortes en sus nóminas y
mermas en sus derechos laborales.
El disgusto de este sector se ha multiplicado esta semana tras el anuncio del presiente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado miércoles de que suspenderá la paga extraordinaria de Navidad, junto con los complementos específicos asociados, y reducirá los días libres a los funcionarios. La medida fue aprobada el viernes en el Consejo de Ministros y ayer fue publicada en el Boletín Oficial del Estado.
El real decreto de “medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad” escondía más malas noticias para los 2,7 millones de funcionarios, personal laboral, eventuales e interinos de la Administración pública en España: solo recuperarán la paga de Navidad si el Gobierno logra cumplir con los objetivos de déficit. Es decir, si el Gobierno logra llevar a cabo el ajuste de 65.000 millones de euros en cuentas públicas y consigue controlar el desequilibrio presupuestario, desbocado hasta ahora y si se recupera la economía.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó el viernes que no se suprimiría la paga extra de diciembre sino que se suspendería para compensarla en 2015 mediante un ingreso en el fondo de pensiones. Pero el decreto, que no pone fechas para la devolución, revela que la paga de Navidad solo se devolverá si el Gobierno cumple los objetivos de estabilidad.
“Las cantidades derivadas de esta supresión podrán destinarse en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la contingencia de jubilación, siempre que se prevea el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”, señala la norma. La medida afectará a todos los trabajadores contratados por la Administración pública.
El decreto, además, prevé que el recorte de la extra en vez de hacerse de golpe en diciembre pueda hacerse poco a poco en las nóminas pendientes. Así se prevé que las Administraciones podrán mantener la paga de Navidad a cambio de reducir las nóminas hasta final de año en la parte proporcional equivalente a la paga de Navidad.
Otra de las malas noticias para los empleados públicos que escondía ayer el BOE consiste en la posibilidad de suspender o de modificar los convenios colectivos que afecten al personal laboral. De esta forma, el Gobierno se reserva la posibilidad de cambiar las condiciones de trabajo para los más de 690.000 trabajadores pertenecientes a este colectivo. “Los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, solo cuando concurra causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas.
Se entenderá esta situación cuando las Administraciones públicas deban adoptar planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección de déficit público”, señala el decreto. No obstante, en la grave situación de crisis en la que todas las Administraciones públicas soportan profundas desviaciones presupuestarias están obligadas a presentar planes de ajuste y planes de equilibrio financiero. Montoro aseguró a principios de la semana pasada que estudiaba aumentar el número de horas semanales de trabajo de los funcionarios.
El pasado diciembre el Gobierno ya elevó de 35 a 37,5 horas el periodo de trabajo a los funcionarios. De esta forma, permitía a estos desempeñar tareas adicionales y, por tanto, prescindir del personal eventual, interinos y ahora, también, del personal laboral.
El Gobierno además ha decidido reducir los días de libre disposición, los moscosos, y los de antigüedad, los canosos. Hasta ahora, los funcionarios tenían seis días libres al año. Además, a partir del sexto trienio, se sumaban otros cuatro días libres que habitualmente se sumaban a las vacaciones de verano. De esta forma, los trabajadores públicos podrán perder hasta cuatro días de las vacaciones de verano este año.
El Gobierno también recorta el dinero que los funcionarios y el personal laboral cobrarán durante las bajas temporales. Hasta ahora, la mayoría de empleados públicos, cobraban la totalidad de su nómina cuando estaban de baja independientemente del tiempo. A partir de ahora, para ahorrar y para combatir el absentismo, el Gobierno establece que entre el primer día de baja y el tercero, “
se podrá reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el 50% de las retribuciones”. Entre el cuarto día y el 20º, el salario, incluido el complemento, no podrá superar el 75% de las retribuciones. A partir del día 21º y hasta el 90º, se podrá satisfacer la totalidad de las retribuciones básicas.
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El disgusto de este sector se ha multiplicado esta semana tras el anuncio del presiente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado miércoles de que suspenderá la paga extraordinaria de Navidad, junto con los complementos específicos asociados, y reducirá los días libres a los funcionarios. La medida fue aprobada el viernes en el Consejo de Ministros y ayer fue publicada en el Boletín Oficial del Estado.
El real decreto de “medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad” escondía más malas noticias para los 2,7 millones de funcionarios, personal laboral, eventuales e interinos de la Administración pública en España: solo recuperarán la paga de Navidad si el Gobierno logra cumplir con los objetivos de déficit. Es decir, si el Gobierno logra llevar a cabo el ajuste de 65.000 millones de euros en cuentas públicas y consigue controlar el desequilibrio presupuestario, desbocado hasta ahora y si se recupera la economía.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó el viernes que no se suprimiría la paga extra de diciembre sino que se suspendería para compensarla en 2015 mediante un ingreso en el fondo de pensiones. Pero el decreto, que no pone fechas para la devolución, revela que la paga de Navidad solo se devolverá si el Gobierno cumple los objetivos de estabilidad.
“Las cantidades derivadas de esta supresión podrán destinarse en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la contingencia de jubilación, siempre que se prevea el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”, señala la norma. La medida afectará a todos los trabajadores contratados por la Administración pública.
El decreto, además, prevé que el recorte de la extra en vez de hacerse de golpe en diciembre pueda hacerse poco a poco en las nóminas pendientes. Así se prevé que las Administraciones podrán mantener la paga de Navidad a cambio de reducir las nóminas hasta final de año en la parte proporcional equivalente a la paga de Navidad.
Otra de las malas noticias para los empleados públicos que escondía ayer el BOE consiste en la posibilidad de suspender o de modificar los convenios colectivos que afecten al personal laboral. De esta forma, el Gobierno se reserva la posibilidad de cambiar las condiciones de trabajo para los más de 690.000 trabajadores pertenecientes a este colectivo. “Los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, solo cuando concurra causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas.
Se entenderá esta situación cuando las Administraciones públicas deban adoptar planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección de déficit público”, señala el decreto. No obstante, en la grave situación de crisis en la que todas las Administraciones públicas soportan profundas desviaciones presupuestarias están obligadas a presentar planes de ajuste y planes de equilibrio financiero. Montoro aseguró a principios de la semana pasada que estudiaba aumentar el número de horas semanales de trabajo de los funcionarios.
El pasado diciembre el Gobierno ya elevó de 35 a 37,5 horas el periodo de trabajo a los funcionarios. De esta forma, permitía a estos desempeñar tareas adicionales y, por tanto, prescindir del personal eventual, interinos y ahora, también, del personal laboral.
El Gobierno además ha decidido reducir los días de libre disposición, los moscosos, y los de antigüedad, los canosos. Hasta ahora, los funcionarios tenían seis días libres al año. Además, a partir del sexto trienio, se sumaban otros cuatro días libres que habitualmente se sumaban a las vacaciones de verano. De esta forma, los trabajadores públicos podrán perder hasta cuatro días de las vacaciones de verano este año.
El Gobierno también recorta el dinero que los funcionarios y el personal laboral cobrarán durante las bajas temporales. Hasta ahora, la mayoría de empleados públicos, cobraban la totalidad de su nómina cuando estaban de baja independientemente del tiempo. A partir de ahora, para ahorrar y para combatir el absentismo, el Gobierno establece que entre el primer día de baja y el tercero, “
se podrá reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el 50% de las retribuciones”. Entre el cuarto día y el 20º, el salario, incluido el complemento, no podrá superar el 75% de las retribuciones. A partir del día 21º y hasta el 90º, se podrá satisfacer la totalidad de las retribuciones básicas.
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