Cobrar o no cobrar la sanidad a los inmigrantes, así actúa cada CCAA

La tarjeta sanitaria, que antes se obtenía en la mayoría de los casos con el empadronamiento, ha dejado de ser válida para aquellas personas que estén en situación irregular en España.
Desde la entrada en vigor de la nueva regulación el 1 de septiembre, entre 153.000 y 160.000 inmigrantes 'sin papeles' tienen que pagar por la asistencia sanitaria en varias comunidades autónomas, siendo gratuita en todo el territorio nacional bajo los siguientes supuestos: asistencia al embarazo, parto y posparto, la atención a menores de edad, urgencia por enfermedad grave o accidente hasta la situación de alta médica, y seguimiento de enfermedades crónicas si el paciente ya estaba recibiendo tratamiento.
La posición de cada comunidad autónoma es la siguiente:

Andalucía

En palabras de la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta, María Jesús Montero, Andalucía seguirá aplicando "exactamente el mismo" protocolo de asistencia sanitaria al colectivo de inmigrantes en situación irregular, de forma que se mantendrá "la protección universal de la salud para el conjunto de los ciudadanos, sean de la procedencia que sean", y también para los enfermos crónicos. Lo harán mediante un documento de asistencia temporal que desde los últimos tiempos la comunidad viene emitiendo para este colectivo, cifrado en "aproximadamente 46.000 personas".

Aragón

El Gobierno de Aragón seguirá prestando asistencia sanitaria a todas las personas que acudan a cualquier centro ya sea de atención primaria u hospitalaria, si bien a los no asegurados se les pasará posteriormente la factura por la atención recibida. En el caso de los inmigrantes sin tarjeta que no puedan pagarla, la factura será remitida a su país de origen, "en virtud de los convenios bilaterales de Seguridad Social suscritos por España con otros países". En una nota enviada a los servicios de admisión de los centros de salud y hospitales de la comunidad, se aclara que todos los procesos asistenciales de usuarios que pierdan su condición de asegurado o beneficiario el día 1 de septiembre y que se hayan iniciado antes del día 31 de agosto de 2012 "seguirán su curso".

Asturias

Los inmigrantes 'sin papeles' pueden recibir asistencia sanitaria gratuita en el Principado en el centro de atención primaria que les corresponda según su domicilio. Estos ciudadanos se incluyen un registro denominado Sistema de Información de Población y Recursos (Sipres) donde se les asigna un código de identificación personal y quedan adscritas a un equipo básico de salud de referencia. No obstante, no tienen acceso a recetas con financiación pública. Para la obtención de medicamentos, la Sanidad asturiana les pondrá en contacto con ONG o asociaciones.

Baleares

Fuentes de la Consejería de Salud del Gobierno autonómico han señalado que las personas que no tengan derecho a la tarjeta sanitaria tendrán que pagar, informa Anatol Rohe. En línea con las comunidades del PP y el decreto del Gobierno, sólo garantiza la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes irregulares en los casos de urgencia por enfermedad o accidente y de asistencia en el embarazo, el parto y el postparto, así como a los menores de 18 años. No obstante, la prestación farmacéutica en estos casos no estará incluida.

Canarias

El Gobierno de Canarias "será respetuoso con la legalidad" al aplicar la nueva regulación, pero "por un principio de humanidad no se dejará de atender a nadie que lo necesite y no pueda sufragarse esa atención", según ha anunciado su viceconsejero portavoz, Martín Marrero, que ha censurado la poca información que tienen las autonomías sobre el nuevo marco legal, más allá de las declaraciones que ha hecho la ministra, Ana Mato. El portavoz ha dicho que desconocen cuántas personas se verán afectadas y ha subrayado que espera una orden ministerial que detalle lo establecido en el Real Decreto sobre el caso "de que se preste la atención sanitaria para después facturarla".

Cantabria

Cantabria aplicará la reforma anunciada por el ministerio que dirige Ana Mato. La consejera de Sanidad de la región, María José Sáenz de Buruaga, explicó que los profesionales sanitarios podrán atender a los extranjeros irregulares, pero "fuera del sistema sanitario público", salvo en los casos establecidos, y ha descartado que el personal pueda invocar el derecho de objeción de conciencia.

Castilla-La Mancha

La comunidad presidida María Dolores de Cospedal seguirá al pie de la letra el decreto del Gobierno y atenderá a los inmigrantes, pero les cobrará fuera de los casos marcados por el decreto del Gobierno.

Castilla y León

La Junta da atención sanitaria gratuita en urgencias y a los menores y embarazadas. En el caso de los enfermos crónicos, se asisten todas las situaciones clínicas que puedan suponer algún riesgo vital para el paciente. De esta forma, se mantienen los tratamientos de diálisis, oxigenoterapia a domicilio, enfermedades graves o tratamientos frente al cáncer. También se da asistencia a los 'sin papeles' que padecen enfermedades transmisibles. En este caso, la prescripción de recetas se realiza a través de la modalidad de campañas sanitarias, con una aportación muy reducida, y si se trata de VIH se prescribe a través de la farmacia hospitalaria. La Junta cobrará una cuota mensual de 59 euros a los inmigrantes en situación irregular que no cumplan alguno de estos requisitos.

Cataluña

La Generalitat mantendrá la misma atención sanitaria que hasta ahora a las 600.000 personas que en Cataluña pierden su condición de asegurado a partir del 1 de septiembre, mientras que les dará un plazo de seis meses para regularizar su situación. De este grupo, 180.000 son inmigrantes 'sin papeles' y el resto tienen la nacionalidad española pero son casos de personas con rentas superiores a 100.000 euros -que no están cubiertos según el decreto-, religiosos o algunos profesionales liberales o personas que simplemente deben actualizar sus datos de residencia. Todos ellos tienen garantizada en Cataluña la atención primaria, las urgencias y la atención a las embarazadas, pero deberán regularizar su situación y pasar un evaluación del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) para acceder a la atención hospitalaria especializada, con el objetivo de evitar el turismo sanitario. Una vez pongan al día sus datos de residencia recibirán un documento similar a la tarjeta sanitaria que les dará la misma cobertura integral del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), siempre que no mantengan un nivel de renta superior a 100.000 euros.
Por su parte, los inmigrantes 'sin papeles' deberán acreditar que llevan más de tres meses empadronados para tener una tarjeta sólo válida en Cataluña que garantiza el acceso a la atención primaria. A partir del segundo año de residencia acreditada, ya podrán acceder a la atención. En cambio, los recién llegados que no cumplan el requisito del padrón tienen derecho únicamente a lo que establece el decreto del Gobierno.

Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha señalado que se seguirá los criterios comunes que se den en toda España en materia de asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares, que se calculan en torno a 30.000 personas. El coste de la prestación se le facturará a su seguro (en el caso de que lo posea), a su país de origen (si existe convenio bilateral) o al propio paciente. El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha reconocido que muchas de estas facturas quedarán sin abonar, bien porque el enfermo no tenga recurso alguno para pagarlas o bien porque haya mentido al registrar sus datos en el centro de asistencia. "Sabemos que en estos casos no podremos hacer nada, pero es que el objetivo verdadero es evitar el abuso de los que sí pueden pagar", casos como el del "turismo sanitario", ha remarcado.

Extremadura

El consejero de Salud y Política Social de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, explicó el pasado día 29 que se cobrará a los inmigrantes irregulares: "Se intentará cobrar a todos aquellos que tengan la obligación de pagar, igual que pagan todos los ciudadanos, y los que no puedan pagar, se les facturará y se les intentará cobrar a sus países de origen mediante convenios bilaterales". Según cálculos del Gobierno extremeño, hay unas 1.250 personas en situación irregular.

Galicia

Es la autonomía del PP que se desmarca de la línea oficial y atenderá a los inmigrantes irregulares con menos recursos. El límite que marca para atenderles en los servicios ordinarios es acreditar que se gana menos de 532 euros al mes (la cuantía del IPREM). También exigirá estar empadronado desde antes del 1 de septiembre. La Xunta cifra en 9.000 personas los beneficiados y les da un plazo de seis meses para acreditar su condición. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado que estas personas tendrán un documento del Servicio Gallego de Salud, ya que la tarjeta sanitaria "sólo la puede dar el Ministerio".

La Rioja

Esta autonomía gobernada por el PP atenderá a los extranjeros que carezcan de tarjeta sanitaria pero se les cobrará "porque no tienen derecho ni están amparados con ninguna fórmula". El consejero de Salud de La Rioja, Jose Ignacio Nieto, ha calculado que 4.000 extranjeros estarán en esta situación de los que hay que excluir unos mil menores. Si existe un uso indebido de las urgencias (que sí atenderán a los 'sin papeles') como subterfugio, también se cobrará.

Madrid

Esperanza Aguirre resume de esta manera la nueva situación: "Está claro que no podemos atender a los ciudadanos del mundo entero, porque no sería posible. La Ley ha dicho en qué casos se trata a las personas que están ilegalmente aquí".
Desde el 1 de septiembre, los inmigrantes en situación irregular deberán firmar una factura antes de abandonar el centro médico donde figurará la asistencia que ha recibido. No significa que deba abonar dicha cantidad en ese momento. Se supone que eso viene después. Para firmar las facturas no importa la situación económica del paciente.
La factura se remitirá a su país de origen en virtud de los convenios bilaterales de la Seguridad Social suscritos por España con estos países. En el caso de que pague un tercero (por ejemplo, una aseguradora), se actuará de acuerdo a las características de cada supuesto.

Murcia

Los más de 11.000 inmigrantes 'sin papeles'que se encuentran en la Región tendrán que pagar por la asistencia sanitaria "siempre que exista la responsabilidad en el pago de un tercero: un seguro privado o el sistema sanitario del país de origen", según ha expuesto la titular de Sanidad, Mª Ángeles Palacios. Los ciudadanos de la UE y de otros países que tengan suficientes recursos económicos "también podrán acceder a la asistencia sanitaria completa a través de la formalización de un convenio especial que tramita el Servicio Murciano de Salud (SMS) con el ciudadano, y les permitirá la asistencia de la cartera básica a cambio del abono de una cuota anual de 710 euros, aunque los fármacos deberán pagarlos".

Navarra

El Gobierno foral garantizará el servicio habilitando unas ayudas que cubran el coste de la asistencia para quienes acrediten que no pueden pagar la sanidad. Fija varias condiciones para acceder a estas ayudas: no ganar más de 532 euros al mes (el IPREM), llevar más de un año empadronado o no tener antecedentes penales. Navarra calcula que tiene 2.150 inmigrantes en situación irregular mayores de 18 años que necesitarían de esta línea de crédito.

País Vasco

Es una de las comunidades que se rebelan contra Ana Mato. El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ha asegurado que el Gobierno vasco va a "simplemente, desobedecer" los recortes en Sanidad y los inmigrantes "van a seguir siendo atendidos como debe ser". Por tanto, la situación en esta comunidad autónoma continuará como hasta ahora.

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