Las amenazas y agresiones a sanitarios de Osakidetza se disparan en cinco años

«Que vayas a trabajar y te peguen, insulten o amenacen no tiene razón de ser, pero ocurre demasiadas veces. La sensación de impotencia es total». La responsable de Salud Laboral del Sindicato de Enfermería Satse, Carmen Vide, reacciona así al conocer los últimos datos sobre las agresiones sufridas por los profesionales de Osakidetza, que se han vuelto a disparar. Según el balance del Departamento vasco de Sanidad, 371 sanitarios sufrieron en 2011 algún tipo de episodio violento, ya sea en forma de insulto, agresión física o amenaza. Son 131 más de las registradas dos años antes. Si se compara con 2007, el resultado es demoledor: la cifra se ha triplicado.
A Carmen Vide, la estadística oficial no le dice nada «o casi nada» porque está convencida de «hay muchos más casos no registrados» en los que pacientes o familiares «pierden los papeles» hasta límites insospechados. Esto ocurrió en las 104 ocasiones en las que llegaron a agredir físicamente a un trabajador o ejercieron tal presión sobre él que quedó 'tocado' a nivel psicológico. «Es que ir a trabajar y que te amenacen no es fácil de llevar», reitera la representante sindical. Los otros 267 episodios fueron insultos, amenazas y coacciones.
¿Por qué? Las injustificadas actitudes violentas tienen lugar como reacción de los enfermos y sus parientes ante un diagnóstico que no comparten, una supuesta atención deficiente, la negativa a realizar determinadas pruebas que demandan o simplemente porque, a su juicio, la espera ha sido demasiado larga. «En situaciones de colapso de los urgencias, la gente culpa al personal que trabaja allí hasta el punto de perderles totalmente el respeto», se queja la enfermera.
El fenómeno de la violencia en el ámbito sanitario se da tanto en la atención primaria -centros de salud-, como en la especializada y en las urgencias. Por hospitales, una vez más el bilbaíno de Basurto encabeza la estadística con un total de 52 casos y le sigue Cruces, con 43. Santiago, en Vitoria, contabilizó 25 episodios y el complejo Donostia, 15. Txagorritxu, también en la capital alavesa, registró 10, dos más que Galdakao (8), el doble que Santa Marina (5) y uno menos que Bidasoa (11).
Por ambulatorios, la comarca de Bilbao, al ser la más poblada de Euskadi, es la que encabeza la estadística con otros 57 incidentes. El balance incluye, por último, los centros relacionados con la salud mental. En este apartado, los datos se disparan al sumar nada menos que 61 episodios violentos: 6 en Álava, 9 en Gipuzkoa y 46 en el conjunto de la red de servicios psiquiátricos de Bizkaia. Aunque el balance no hace referencia a casos concretos, en este último grupo se encuentra el psiquiatra que fue acuchillado en Bilbao por un enfermo mental al que atendía en su casa. «Hay que evitar que ocurra pero, efectivamente, cuando se trabaja con psicóticos o con personas toxicómanas, el riesgo es mayor. Lo que no tiene razón de ser es que ocurra con el resto de pacientes», comenta Carmen Vide.
Implicación de Osakidetza
La responsable de Salud Laboral de Satse considera que Osakidetza no se implica todo lo que debería para solucionar este problema. «Hay poco interés en que esto se resuelva, cuando debería ser una prioridad». Y pone un ejemplo. «En 2008, el Servicio Vasco de Salud, el Sindicato Médico de Euskadi, Satse y Comisiones Obreras crearon un observatorio para el estudio de la violencia en el ámbito sanitario. A día de hoy, no se ha reunido ni una sola vez. Es más, ni siquiera nos facilitan los datos oficiales de agresiones», denuncia.
La respuesta del Servicio Vasco de Salud a un fenómeno emergente en todos los países de la Unión Europea ha sido hasta ahora la organización de cursos de defensa para enseñar a los profesionales a manejarse en situaciones de riesgo. Además, se ha instalado en los ordenadores de los ambulatorios un sistema que permite a un profesional sanitario -médicos, enfermeras y personal de administración- alertar a sus compañeros de que se encuentra en una situación de peligro.
Por su parte, los colegios de médicos cuentan con el respaldo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para agilizar los trámites cuando se registra una denuncia y para que los actos violentos tengan la consideración de delito de atentado a un funcionario público, y no de falta, lo que permite imponer penas de hasta tres años de prisión. Además, son los colegios quienes tramitan la denuncia, en vez de los facultativos a título particular. Con esta fórmula, se protege a la víctima, al no dar datos de su domicilio.
Satse demanda que esta última medida se haga extensiva al resto de profesionales sanitarios, así como que sea «Osakidetza quien dé la cara en los juzgados». Y es que son pocas las víctimas que denuncian lo ocurrido por miedo a que, tras la agresión, llegue la represalia. «En los pueblos todo el mundo se conoce y, cuando no es así, como en las denuncias figura el domicilio del denunciante, suele haber amenazas del tipo 'sé dónde vives'», detalla la representante del Sindicato de Enfermería.
Otra reivindicación reiterada por Satse es la creación de la figura del 'comunicador' en todos los servicios de urgencias y zonas de quirófanos para reducir la angustia de los familiares y el ambiente de hostilidad por falta de información.